Saturday, 11 June 2011 11:11
Organizaciones y grupos que defienden los derechos de los inmigrantes alzaron sus voces en contra de la ley HB56 de Arizona, que criminaliza la estadía indocumentada, al igual que en Arizona y Georgia.
El mismo día que el gobernador de Alabama Robert Bentley (republicano) promulgó la ley HB56 contra los inmigrantes indocumentados, organizaciones de derechos civiles alzaron la voz y tildaron la medida como "un asalto a la Constitución" estadounidense.
La polémica ley, tanto o más severa que la SB1070 promulgada el 23 de abril de 2010, criminaliza la estadía indocumentada, un acto que en el resto del país –excepto Arizona- sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.
También otorga poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para que sus agentes arresten a individuos si tienen la sospecha que se trata de indocumentados, y obliga a las escuelas públicas que determinen la situación migratoria de los alumnos, un tema que desató miedo y un éxodo de inmigrantes sin papeles en las últimas semanas.
El National Immigration Forum (NIF) tildó la HB56 como una ley 'antiinmigrante' y dijo que su promulgación era un "acto cruel", mientras que la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) anunció que alistaba una demanda en las Cortes que será entregada a más tardar a finales de julio.
Al igual que la SB1070, "la HB56 contiene la misma problemática 'sospecha razonable' de que la persona está ilegalmente en el país, obliga a los propietarios a verificar el estatus migratorio de sus inquilinos y prohíbe todas las personas el transporte o la ‘acogida’ de cualquier inmigrante indocumentado", detalló el Foro.
"El tema es de especial interés para las familias con estatus migratorio mixto", dijo Katherine Vargas, vocera del NIF. "Por ejemplo, los niños pueden ser detenidos por transportar a sus padres indocumentados".
Este punto está siendo revisado minuciosamente por la ACLU. "La ley protege a los esposos legalmente constituidos", dijo el abogado Sigfredo Rubio, quien lidera el grupo de la Unión que prepara la demanda. "Estamos revisando las secciones de la ley una por una para encontrar personas y grupos que se unan a la demanda".
Retroceso peligroso
"La ley HB56 hará retroceder años de progreso en materia de derechos civiles en Alabama", dijo Mary Bauer, directora jurídica del Southern Poverty Law Center. "Y será económicamente devastadora para el estado".
Bauer agregó que la demanda en las cortes permitirá revisar la constitucionalidad de la ley.
"Los estadounidenses, sin importar su apariencia, acento o lugar donde nacieron, merecen que la ley sea llevaba a los tribunales para proteger nuestras libertades civiles", dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del NIF. "Nos uniremos a nuestros colegas de otras organizaciones de derechos civiles, incluida la ACLU y el Southern Poverty Law Center, en esta batalla legal sobre esta ley inconstitucional que ensombrece los valores estadounidenses y socava nuestro concepto básico de la libertad".
El legislador Wade Henderson (republicano), uno de los principales impulsores de la HB56, ha señalado que fue redactada de tal manera que si una corte dictamina que una de sus partes es inconstitucional o contraviene la ley del estado de Alabama, el resto seguirá en vigor, de acuerdo con un reporte de The Associated Press.
La HB56 también prohíbe a los estudiantes indocumentados asistir a la universidad tras graduarse de la enseñanza secundaria, prohíbe a los propietarios de viviendas o negocios alquilar propiedades a inmigrantes indocumentados y prohíbe la creación de “ciudades santuarios”.
Clima de terror
"Está diseñada para aterrorizar a la comunidad latina de Alabama", dijo Wade Henderson, presidente y consejero delegado de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos. "Destruye a las familias y las empresas, y deja a los trabajadores sin derechos".
A su vez, Clarissa Martínez de Castro, directora de campañas y de política migratoria del Consejo Nacional de La Raza (NCLR), apuntó que la HR56 "es otro ataque a los derechos civiles de los latinos" de Estados Unidos. "Estamos decepcionados de que Alabama promulgue una ley similar a la SB1070 de Arizona. Cuando las leyes están dirigidas contra los niños, traen consecuencias negativas para todo el mundo".
Además de criminalizar la estadía sin papeles, la HB57 obliga a los comerciantes a verificar el estado migratorio de sus trabajadores, convierte en delito estatal no llevar consigo documentos de identificación, las empresas con más de 25 empleados están obligadas a inscribirse en el programa federal E-Verify, convierte en delito estatal el transportar o dar albergue a un indocumentado y exige que las escuelas públicas determinen el estado migratorio de sus estudiantes matriculados.
La antropóloga social Helen Hamilton Rivas preguntó: "¿Dónde está la justicia?".
"Esta ley es un escandaloso retroceso a la era pre-derechos civiles y va más allá de las prácticas policiales discriminatorias e inconstitucionales que hemos visto en otros estados", dijo Cecilia Wang de la ACLU. "Cerró las puertas de los colegios a los niños".
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