LIMA - Ante los conflictos mineros, el presidente peruano, Ollanta Humala, ha seguido con la misma represión y persecución de los dirigentes sociales, ambientalistas y autoridades locales que sus predecesores, señaló el martes un informe independiente.
Según el décimo informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú, el Gobierno de Humala aplicó un “manejo militar” en los últimos conflictos antimineros, como “la declaración de estados de emergencia, la militarización de las calles y abusos de las fuerzas del orden que ya han provocado la muerte de 15 personas” en las protestas.
Desde hace cinco años, el Observatorio de Conflictos Mineros supervisa la actividad minera en las regiones de Cuzco, Cajamarca, Junín, Apurímac y Piura ante el creciente clima de protestas sociales.
En su último análisis, el Observatorio afirmó hoy que los estudios de impacto ambiental, realizados para autorizar concesiones mineras y extractivas en Perú, son insuficientes y han quedado desfasados porque sólo permiten medir los impactos por cada proyecto, pero se desconoce lo que sucede en una misma zona cuando se piensa desarrollar dos o tres proyectos a gran escala a la vez.

Piden políticas de protección
El informe agregó que “es imprescindible contar con una política y una ley de Ordenamiento Territorial que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie su uso sostenible”.
Asimismo, indicó que se hace necesaria “la implementación de políticas de protección de cabeceras de cuenca y de zonas productoras de agua”, una de las principales demandas de las poblaciones en las zonas de influencia de la actividad minera.
El informe del Observatorio señaló que Apurímac tiene el 58,8 % de su territorio con concesiones para la minería, la región Cajamarca tiene el 48%, Junín el 25.9%, Piura el 31% y Cuzco el 21% de su geografía.

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