Last Updated on Monday, 25 June 2012 11:22 Written by Abel Derenzin Monday, 25 June 2012 10:57
Cualquiera sea el resultado, activistas advierten que responderán con votos en noviembre
En vísperas del fallo que la Corte Suprema de Justicia emitirá sobre el futuro de la polémica Ley SB1070 de Arizona, activistas a favor de los derechos de los inmigrantes se alistan para contraatacar cualesquiera sea el dictamen. Lo harán con votos en la elección presidencial del primer martes de noviembre.
“Nosotros y no la Corte Suprema de Justicia tendrá la última palabra el martes 6 de noviembre”, dijo a Univision.com Rudy López, del Center for Community Change (CCC). “Responderemos con votos y castigaremos a los candidatos que están en contra de nuestra comunidad y apoyan este tipo de leyes antiinmigrantes”.
A finales de abril, dos años después de haber sido promulgada por la gobernadora Jan Brewer, el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos escuchó argumentos a favor y en contra sobre la polémica ley, la primera en su estilo que criminalizó la estadía indocumentada, un acto que en los otros 49 estados constituía una falta de carácter civil no criminal.
Detalles de la ley
Entre otras regulaciones aprobadas por la Asamblea de Arizona, la SB1070 concedió poderes extraordinarios a las policías locales (estatal y municipal) para verificar el estado migratorio de individuos que sean detenidos bajo cualquier otra ley vigente en el estado, exigió a las empresas registrarse en el programa federal E-Verify y obligó a los empleados públicos reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a los indocumentados que gestionen algún tipo de asistencia.
También prohibió a los indocumentados pedir trabajos en las calles, la contrata de jornaleros y la asistencia o trasladó de indocumentados.
Las partes más polémicas de la ley migratoria de Arizona fueron suspendidas temporalmente por una corte federal un día antes que entrara en vigor a finales de julio de 2010. Después de Arizona, otros cinco estados aprobaron leyes similares (Texas, Carolina del Sur, Utah, Alabama y Georgia) y todos ellos enfrentan demandas en cortes.
La demanda del gobierno
La Administración del Presidente Barack Obama argumenta que el tema migratorio es competencia del gobierno federal y no de los estados.
La Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos para decidir si los estados pueden adoptar sus propias medidas inmigratorias y decidir sobre los inmigrantes sin papeles o si el asunto es competencia exclusiva del gobierno federal, tal y como lo expone el Departamento de Justicia en sus alegatos y defensa del caso ante la Corte.
Los defensores de la ley de Arizona, entre ellos la gobernadora Brewer, indican que se vieron obligados a aprobar este tipo de legislaciones para controlar la inmigración indocumentada, y culpan al gobierno federal y al Congreso de “inacción”, al no hacer algo al respecto.
La “inacción” se refiere a la falta de un acuerdo bipartidista en el Congreso para aprobar una reforma migratoria y legalizar a la mayoría de los 11 millones de indocumentados que viven en el país, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Pew Hispanic Center, grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios.
Fallo clave
El Center for American Progress (Centro para el Progreso Americqano –CAP-) señaló que durante la audiencia celebrada a finales de abril, el tribunal escuchó argumentos para determinar la constitucionalidad de la SB1070, y agregó que la legislación estatal “va mucho más allá de la ley federal en materia de aplicación de leyes inmigratorias, al hacer un delito el encontrarse sin un estatus legal en el estado y obligar a la policía a pedir prueba del estatus legal a cualquier persona que ellos consideren que se encuentra en el país de manera ilegal”.
“La ley está diseñada para obligar a los indocumentados a salir del país siguiendo una estrategia desacertada de abandono por aplicación de la ley o autodeportación”, añadió.
El CAP precisa que la decisión que tome la Corte Suprema será de gran trascendencia, porque “definirá la manera en que un estado en particular, podrá, si se decide que pueden, hacer cumplir leyes migratorias”.
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