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GUILLERMO GARCIA MACHADO • Columnista

Cada año, en marzo, en Bolivia se recuerda la invasión chilena a su territorio en las costas del océano Pacífico. Lo hacen con desfiles y pancartas, himnos y discursos, cuando la verdad es que se trata de aniversarios de hechos luctuosos en contra de su propia identidad y deberían ser días de duelo y dolor, de protesta y amargura contra el militarismo chileno que impuso a su Gobierno la invasión a Bolivia para lograr la explotación de sus ingentes riquezas. ¿Para qué remembranzas que no vienen al caso? Los gobiernos chilenos, desde siempre, nunca han tomado en cuenta los intereses de Bolivia y permanentemente han socavado las debilidades demostradas por todos los regímenes y han llegado a los peores extremos para no cumplir el Tratado de 1904 alegando que Bolivia “no los respetó”. La mentira y el engaño a la comunidad internacional han sido característicos de los gobiernos mapochinos. Como norma, sus yerros, ambiciones y falta de solidaridad siempre nos endilgó, a sabiendas de que nuestros gobiernos nada harán por poner los hechos en su lugar luchando porque se imponga la verdad y mostrando al planeta la realidad sobre lo ocurrido en la guerra del Pacífico; de este modo, la comunidad internacional siempre queda con las versiones chilenas por las políticas homogéneas que demuestran y en lo que nosotros tenemos debilidades extremas. Para los gobernantes chilenos, sea en gobiernos constitucionales o dictaduras, lo que importa es lo que digan sus militares que en primera o cualquier instancia son los que definen las políticas chilenas. El civilismo está supeditado a la voluntad del militarismo que, acostumbrado a imponerse por las armas, dicta normas de conducta a cumplirse en ese país. Así, la democracia definida por los votos no tiene mayor importancia si no es refrendada por los militares. El caso de las pérdidas de las costas del Pacífico fue decisión de los militares y la no solución del gran problema para Bolivia depende de ellos, aunque, con seguridad, no tendrá salida acorde con los derechos de los pueblos que, habiendo perdido por la fuerza de las armas sus costas, no podrán recuperarlas en ninguna forma, mucho menos si la comunidad internacional, si bien se pronuncia en favor nuestro sólo protocolarmente, no hace nada por convencer a Chile de una realidad que debería ser conciencia de toda la humanidad. Rememorar las muchas pruebas que Chile ha inferido a Bolivia en forma dictatorial, arbitraria y contraria a toda norma de derecho, sería muy largo; lo grave es que por mucho que se los coloca en muchas mesas de discusiones, quedan en la nada porque “todo queda para posteriores tratativas”. Chile soslaya cualquier conversación que pueda tener visos de seriedad porque no conviene a sus políticas ingresar en campos donde se conozca o reconozca las múltiples verdades que apoyan la posición de marras. La historia de Chile, por las imposiciones militares, ha sido dictada a historiadores que han actuado conforme a las políticas impuestas por los gobiernos con miras a “justificar los despojos hechos a Bolivia” y aparecer ante la conciencia internacional como “legítimos dueños de esas costas” o, a lo sumo, con la imposición de que “la fuerza de las armas crea derechos”.

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