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WASHINGTON, D. C. - “Esto es prisiones Fargo”, gritaban el lunes, cientos de activistas, al tomarse las oficinas de Wells Fargo, en la capital del país. Grupos de derechos civiles exigieron a la compañía y a JP Morgan retirar apoyo financiero, además de su respaldo político, a leyes como la HB 56 de Alabama. La corporación negó las acusaciones.
Cerca de las 11:00 de la mañana, 10 buses repletos se aproximaron a las oficinas de Wells Fargo, ubicadas tan sólo a dos cuadras de la Casa Blanca. En minutos, el local estaba repleto de pancartas y gritos.

Liderados por National People Action y National Domestic Workers Alliance, los dirigentes acusaron al gigante bancario de financiar prisiones de inmigrantes. “Inviertan en trabajos, no en cárceles”, vitoreaban.

Miles de acciones
De acuerdo a documentos entregados por las organizaciones, Wells Fargo controla 3.59 millones de acciones de GEO Group. Asimismo, insistieron en que la compañía posee 33 mil acciones de Corrections Corporation of America. Ambas cifras fueron obtenidas de Securities Exchange Commission.

“Estas instituciones son parte del círculo vicioso que cabildea para mantener quebrados nuestros sistemas de inmigración y justicia”, especificó la misiva entregada a Wells Fargo.

Abel Pacheco, un salvadoreño, cuya hija de 11 años, permaneció arrestada en una cárcel de inmigración, participó en la marcha. “No es justo. Los abogados nos dicen que no tenemos cómo recuperar a nuestra hija. Hemos sufrido mucho. Una niña no merece pasar por esto”, enfatizó.

“No creemos que quieran ser asociados con esta industria anti latina y antiinmigrante y es tiempo de que se den cuenta de esto”, agregó la carta.

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